Embajada de Estados Unidos desmiente cierre de sus operaciones en Tegucigalpa
03/09/24. La embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa desmintió en las últimas horas los rumores sobre un supuesto cierre de sus operaciones, asegurando que se trata de información falsa que circuló en diversos medios.
A través de sus redes sociales, la oficina diplomática estadounidense se encargó de refutar los rumores, reafirmando la continuidad de sus actividades habituales en Honduras.
La Embajada dejó claro que las noticias sobre un cierre son incorrectas y subrayó que las operaciones continúan con normalidad, manteniendo su compromiso con las relaciones bilaterales.
“Atención! Circulan noticias falsas sobre un supuesto cierre de operaciones de la Embajada de EE.UU. en Honduras. Queremos aclarar que esto no es cierto. La Embajada sigue y seguirá operando normalmente, continuando nuestro compromiso de fortalecer las relaciones entre EEUU y Honduras. Manténganse informados a través de nuestros canales oficiales”, señaló la representación diplomática en Tegucigalpa en un comunicado difundido en sus plataformas.
Además, la embajada insistió en la importancia de que la población se mantenga informada únicamente a través de los canales oficiales para evitar caer en desinformaciones.
Este pronunciamiento se produce en un contexto de reciente tensión diplomática entre el Gobierno de Honduras y la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu.
El origen de la controversia se remonta al miércoles 28 de agosto, cuando la presidenta hondureña, Xiomara de Zelaya, decidió dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, lo que exacerbó las fricciones diplomáticas.
El canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, explicó al día siguiente que la revocación del tratado responde al temor de que este instrumento sea utilizado como una “arma política” para extraditar a altos funcionarios o militares hondureños por motivos que calificó como “puramente políticos”.
El Gobierno de Honduras notificó formalmente a la embajada estadounidense sobre la decisión de finalizar el tratado de extradición, ya que esta medida, vigente hasta el 28 de enero de 2025, es una atribución del Poder Ejecutivo que no requiere la aprobación del Parlamento.